Francisca Granados pide «toda la justicia» para el caso de Juana Rivas

El abogado de las dos trabajadoras del Centro de la Mujer de Maracena, Carlos Aránguez Sánchez, ha hecho hincapié en que imputar a empleados de un servicio como éste supone «menoscabar una función social de primer orden» a tenor de las cifras de violencia de género y maltrato a menores que se registran. Ha incidido en que en este caso, después de meses de instrucción, todavía desconocen los indicios que se le atribuían a sus patrocinadas para atribuirles determinados delitos.

«No se especifican en ningún auto y las razones del sobreseimiento tampoco se explican», ha agregado el letrado, que ha asumido este caso de manera altruista y ha precisado que cuando termine la causa se plantearán la posibilidad de iniciar o no acciones por el daño a la imagen de las dos técnicas.

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