PRESENTADO RECURSO DE CASACIÓN, EN NOMBRE DÑA. JUANA RIVAS GÓMEZ, ANTE LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Contra el fallo de la Audiencia Provincial de Granada,  ARÁNGUEZ ABOGADOS ha formalizado, en nombre de Dña. Juana Rivas Gómez, Recurso de Casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por infracción de Ley al amparo de lo establecido en el artículo 849 de la LECrim.

El recurso presentado se basa en cuatro argumentos:

Juana Rivas siempre ha tenido la única intención de proteger a sus hijos, no de perjudicar al padre de
estos. Debe recordarse que la Justicia Italiana se pronunciará sobre la denuncia presentada el 12 de julio de 2016 por presunto delito de maltrato el próximo día 3 de julio de 2019, habiendo transcurrido casi tres años sin que sus pretensiones hayan obtenido una respuesta. La falta de coordinación entre la Justicia italiana y la española han impedido que exista pronunciamientos firmes a día de hoy sobre maltrato denunciado y sufrido por sus hijos y por ella misma. La inactividad de dichas Justicias han incrementado ese convencimiento personal de Dña. Juana Rivas que sólo quiere proteger a sus hijos.
Falta por tanto el elemento subjetivo del artículo 225 bis del CP.

2. La propia Sentencia dictada por el Sr. Magistrado del Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada reconoce al
Sr. Arcuri como un maltratador al mencionar la Sentencia firme del año 2009 en la que fue condenado como autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar. Si no se ha acreditado una situación de maltrato continuado posterior a estos hechos no ha sido por la falta de diligencia de Dña. Juana Rivas, sino por el hecho de que las denuncias interpuestas por ella, casi tres años después, no han obtenido una respuesta judicial firme. Por tanto, existe causa justificada en la conducta de la Sra. Rivas que elimina la tipicidad del tipo del art. 225 bis del CP.

3. Se solicita, de forma subsidiaria y para el caso de que no procediera la libre absolución de Dña. Juana se aprecie por el Tribunal un único delito de sustracción de menores, ya que con independencia de los hijos que se tenga, el acto cometido conllevaría únicamente la existencia de un delito, vulnerándose de igual modo los derechos del padre con independencia de que se tenga uno, dos o varios hijos. El artículo 225 bis del CP protege los derechos del padre y no de cada uno de los menores. No procede la condena de cinco años de prisión.

4. No existe justificación al porqué ha sido condenada a la pena de cinco años de prisión, accesorias y
privación de seis años del ejercicio de la patria potestad, siendo dicha pena muy superior al mínimo legalmente establecido. Se solicita subsidiariamente, para el caso de que se mantenga la condena, una pena de dos años de prisión.

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