Carlos Aránguez, abogado de Juana Rivas, ha considerado "lógico" que el Tribunal Supremo haya decidido aplazar sin fecha su informe sobre la petición de indulto de esta vecina de Maracena que fue condenada a dos años y seis meses de prisión por un delito de sustracción de menores.

En declaraciones a Efe el letrado ha reconocido que se trata de un "asunto complicado" y que, por tanto, es "lógico" que los magistrados quieran "meditar bien su decisión".

Aránguez espera que el alto tribunal pueda inclinarse finalmente por las pretensiones de su representada y ha apostillado que, si se hubieran "meditado bien" las decisiones iniciales sobre el caso, "no se habría llegado a este punto".

Por su parte, el abogado de Francesco Arcuri, Enrique Zambrano, ha considerado en declaraciones a Efe que el aplazamiento de la decisión no deja de ser una evidencia de la falta de acuerdo que ya ha quedado patente en otros pasos judiciales de esta causa.

El letrado de la expareja de Rivas ha recordado que existe una disparidad de opiniones tren los 16 magistrados que componen el Pleno de la Sala de lo Penal, entre los que se incluye como ponente al responsable de redactar la sentencia que redujo de cinco a dos años y medio la pena impuesta por la sustracción de sus hijos.

"No veo que haya circunstancias que argumenten ni el indulto total ni el parcial", ha añadido Zambrano, que ha apostillado que este debate no afecta a los dos hijos de la expareja, cuya patria potestad sigue teniendo Arcuri.

Según fuentes consultadas previamente por Efe, "existe división entre los magistrados" sobre el indulto, en tanto que la Fiscalía apoya la concesión de un indulto parcial rebajando la pena de prisión en seis meses para fijarla en dos años y haciendo lo mismo con la inhabilitación especial para ejercer la patria potestad que sugiere que sea de cuatro y no de seis años.

Los informes del Tribunal Supremo y de la Fiscalía son preceptivos pero no vinculantes para el Ejecutivo, que tiene la última palabra en la concesión del derecho de gracias.

Juana Rivas cumple actualmente sentencia en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada después de que el juzgado de Vigilancia Penitenciaria estimara el recurso de la Fiscalía contra el tercer grado que se le había concedido.

Juana Rivas fue condenada a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, si bien el Supremo estimó parcialmente el recurso de la madre y le rebajó la pena a la mitad al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos, como sí sostenía, la Audiencia de Granada.

Los hechos tuvieron lugar en el verano de 2017, cuando esta madre permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos frente a Arcuri, quien en 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella volvió a denunciar por maltrato en 2016.

Tras varios requerimientos para que devolviera a sus hijos y después de que su expareja denunciase la desaparición, la acusada entregó a los dos niños un mes después en Granada.