Tras 4 meses de 'sintecho', le cierran la cuenta y dejan su paro en el limbo

Jingsheng Huang es un ciudadano chino, residente de larga duración en España, que lleva más de cuatro meses viviendo en la calle. Tiene 60 años y lleva los cinco últimos parado. Ahora mismo su único medio de vida es una prestación por desempleo que le concedieron en agosto. Esta ayuda la tenía domiciliada en una cuenta básica de CaixaBank que la entidad le anuló y desde entonces su prestación está en el limbo. Los propios servicios sociales señalan que el Huang es una persona vulnerable. Precisamente, este verano fue desahuciado y lleva más de 120 días viviendo en la calle y subsistiendo gracias a la caridad de sus vecinos. Él es uno de los miles de ciudadanos chinos, residentes en España, a los que Caixabank les ha cerrado su cuenta para "minimizar riesgos".

Tal y como adelantó este medio, en torno a 1.500 ciudadanos chinos, residentes en España, recibieron un aviso por carta, donde la entidad bancaria les informaba de que en un plazo de 60 días les iban a cerrar todas sus cuentas corrientes. En aquel momento, el banco justificaba en las reclamaciones de los perjudicados que la decisión se debía a "políticas internas de minimización de riesgos".

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Alejandro Mata

Huang llegó a España hace 20 años, cuenta a este diario que ha trabajado por cuenta ajena durante quince, incluso llego a montar su propio negocio, pero se vio obligado a cerrarlo debido a la falta de ingresos. Desde entonces, lleva cinco años buscando trabajo. Durante este tiempo ha subsistido gracias a dos años de paro y a que su padre desde China le enviaba una parte de su pensión. Entre lágrimas cuenta que en junio de este año su progenitor falleció y la situación se volvió más complicada.

Este mismo año, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Leganés han reconocido al señor Huang como una persona en situación de vulnerabilidad con riesgo de exclusión financiera, así lo acredita la documentación a la que ha tenido acceso a este medio. Su situación se ha ido agravando y ha tenido que pedir una prestación por desempleo al Servicio Público de Empleo Estatal. La entidad le concedió una prestación de 451 euros en el marco del Programa de Renta Activa de Inserción.

Debido a su condición, la propia Caixabank le dio acceso a una cuenta de pago básica para personas en situación de vulnerabilidad, para no tener comisiones durante dos años. Ahí es donde domicilió la ayuda del SEPE, pero al poco tiempo esta cuenta se le cerró sin que él se enterase. La entidad le envió la notificación en junio a la dirección donde él residía antes de ser desahuciado. No le llegó el escrito hasta este mes. Fue entonces, cuando acudió a su sucursal y, según denuncia, no le hicieron caso.

Tal y como corrobora el informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Leganés, el señor Huang "no tiene ningún familiar de apoyo en España". El documento señala que lo más parecido que tiene a un familiar es una amiga que le acoge en su casa. En la solicitud por prestación por desempleo, el afectado enfatiza que actualmente duerme en un parque en la calle y que subsiste gracias a las donaciones de sus vecinos y a los comedores sociales.

Fuentes de CaixaBank explican que antes de bloquear ninguna cuenta, se remite una carta al titular avisándole de que tiene 60 días antes de que quede congelada la operativa. Cuando llega ese momento, el titular de la cuenta tiene que ir a la oficina y pedir el cierre definitivo de la cuenta. De esta forma, se reintegran todos sus ahorros.

Denuncia ante el Banco de España

Tras conocer este caso, el letrado Zhoujie Ma, de Aránguez Abogados, interpuso una denuncia ante el Banco de España. En el escrito al que ha tenido acceso este medio, se plantea que el banco "ha incumplido gravemente su obligación legal de proporcionar cuentas de pago básicas a aquellas personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera".

Ma solicita en la denuncia que se proceda a incoar inmediatamente el expediente sancionador contra la entidad bancaria y se dicte resolución imponiendo una multa de hasta el 10% del volumen de negocios neto anual total. Igualmente, solicita una amonestación pública "con publicación en el Boletín Oficial del Estado de la identidad del infractor, la naturaleza de la infracción y las sanciones impuestas", apunta el escrito.